martes, 26 de marzo de 2013

DEMAGOGIA SOCIALISTA

No existe un derecho a la vivienda, por la obvia razón de que, dado que las casas no surgen espontáneamente como si fueran setas, equivaldría al derecho de esclavizar a otros para que las suministren gratuitamente.

Sin embargo, toda la absurda demagogia pergeñada en torno a los desahucios de quienes no afrontan sus deudas parte de esa disparatada premisa (no faltan necios que hablan incluso de conculcación de un derecho fundamental). Y, realmente, quienes, debido a la intolerable intervención política del mercado laboral, sufren grandes dificultades al perder su trabajo para encontrar otro con el que poder responder a sus compromisos tienen sobradas razones para protestar e indignarse, pero no contra sus acreedores, sino contra el gobierno que coarta su libertad y les condena a la miseria merced a la estafa socialdemócrata.

Arremetan estos descerebrados de las plataformas de afectados por la hipoteca contra quienes no les dejan ganarse honradamente la vida; contra quienes les impiden encontrar trabajo mediante el simple expediente de competir en el mercado laboral con sueldos a la baja o les imposibilitan con impuestos, legislaciones abusivas y trabas sin fin emprender negocios rentables. Esos son los concretos y notorios responsables de sus penurias, y no los que les instan a cumplir un contrato que firmaron libremente.

Porque el crimen de interferir violentamente en las decisiones pacíficas de la gente impidiendo que se desarrolle y prospere, los crímenes del gobierno y otras organizaciones mafiosas, no pueden ser excusa ni autorizan a cometer otra clase de crímenes como violar los contratos y los compromisos libremente adquiridos.

No puede ser que la tolerancia con una alteración unilateral de las condiciones pactadas nos suma en una atmósfera de desconfianza e inseguridad jurídica. No puede ser que se incentive la insensatez y la imprevisión, mientras se penaliza la cordura y la responsabilidad. No puede ser que se socialicen las pérdidas y errores de particulares, que igual que fueron mayores de edad para suscribir una hipoteca deben serlo para apechar con las consecuencias.

La condonación de las deudas y la dación en pago, aparte de suponer un privilegio y un agravio comparativo con la inmensa mayoría que sí hace honor a sus compromisos, socavaría irremediablemente el Derecho, y aunque no tuviera efecto retroactivo, encarecería y limitaría la concesión de futuras hipotecas al punto de que muy pocos podrían acceder a ellas. Los errores de unos pocos irresponsables los pagaríamos todos.

Y si se ha rescatado a los bancos a costa del contribuyente, muy mal hecho: deberían haber quebrado o ser entregados a sus acreedores. Hay que denunciarlo y combatirlo. Pero las dispensas y los privilegios no pueden ser el camino a seguir, porque, por definición, es imposible conceder momios a todo el mundo; así que eso no constituye un argumento serio: justificar un crimen porque otros proliferan es el lenguaje de la guerra y la sinrazón. Unámonos todos contra cualquier clase de privilegio o desigualdad ante la ley o nunca podremos vivir en paz.

Pero los descerebrados de las plataformas de afectados por la hipoteca, abducidos por la criminal ideología socialista (ésa que los ha hundido en la miseria que ahora padecen, ésa que buscando la ciudad del amor fraternal ha traído el infierno a la Tierra) han optado por la socialista vía de la violencia. Y no me refiero al escrache -escandalosa, patente y fatua exhibición de intimidación, pero casi un juego de niños al lado de otro tipo de coacciones más larvadas y categóricas, y por ello mucho más peligrosas-, sino a reclamar implícitamente la destrucción de la supremacía de la ley como escudo contra la arbitrariedad política. Y cuando no impera la ley, lo hace la violencia.

Socialismo es esencialmente agresión y delito. Propugna que justicia es igualdad (¿Igualdad de cargas tributarias, por ejemplo? No, eso no ¿Igualdad entre ladrones y honrados; entre vagos y trabajadores?), cuando claramente es proporción: obtener en función del esfuerzo y el mérito. En consecuencia con los presupuestos básicos socialistas, dado que bajo el imperio de normas generales y abstractas, es decir, permitiendo la libre acción humana pacífica, nunca se conseguirá igualdad de resultados, no sólo es lícito, sino imperativo, violar las leyes para alcanzar esta caprichosa y desincentivadora igualdad a la carta. O sea, que para alcanzar una quimérica igualdad de resultados es preciso negar la igualdad ante la ley, lo que equivale a negar la ley misma.

No es nada extraño, pues, que vivamos inmersos en una espiral delictiva: el poder político, esa maquinaria de privilegiar a unos y discriminar a otros, causa el paro y los ciclos económicos con su criminal intromisión en el mercado, propiciando las burbujas y los errores de inversión. A consecuencia de ello mucha gente pierde el trabajo y no es capaz de encontrar otro… y decide no pagar sus deudas. A un delito se quiere responder con otro, pero nadie pide que impere la ley.


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