lunes, 4 de marzo de 2013

EL DERECHO A DECIDIR

Es obvio que entre iguales no puede existir el derecho a decidir sobre la vida de los demás sin incurrir en manifiesta contradicción. Por el contrario, decidir en exclusiva sobre la propia vida es un derecho inherente a la naturaleza humana sin el que  nociones como “libre albedrío” o “responsabilidad” carecerían de sentido. Puesto que lo característico del poder político es, por definición, la negación de lo privado en alguna medida, es decir, del pleno derecho a decidir sobre los asuntos propios, resulta cuando menos chocante y paradójico la frecuencia con que tal derecho es invocado como aval de legitimidad política. Así, la democracia se prefiere a la dictadura en virtud del derecho a decidir quiénes gobiernan y el nacionalismo separatista apela sin rubor a la libertad como fuente de inspiración y señal de identidad frente a la intransigencia unionista. Pero ¿son genuinas tales cualificaciones? Un somero análisis demuestra que no.

Una democracia, entendida meramente como el gobierno elegido por la mayoría, en modo alguno garantiza mayor libertad individual que una dictadura. Tan totalitario y asfixiante puede llegar a ser un gobierno salido de las urnas como la peor dictadura; incluso más, dada la superior legitimidad percibida de que goza el primero frente a la segunda. Es decir, no cabe ninguna duda de que un gobierno respaldado por una mayoría es sistema mucho más interesente para la casta dirigente que el basado en otro tipo de fuerza menos sutil, ya que se puede arrogar la supuesta y persuasiva conformidad de los gobernados -supuesta en la medida que nadie ha preguntado a esos gobernados si desean serlo-, pero no supone en sí mismo mayor respeto por un real derecho a decidir de las personas: es bien dudoso, o si se quiere, subsidiario y limitado, el derecho a decidir sobre la única cuestión que otros deciden que puedes decidir. La ausencia de esta paupérrima opción en las dictaduras casi habría que valorarla como una mayor honestidad y menor hipocresía por su parte.

De análoga forma, el separatismo nacionalista, lejos de respetar más los derechos individuales que el unionismo político, los socava con mayor violencia, discriminando a las personas en función de criterios, además, absolutamente arbitrarios y falsos, como es el caso del separatismo vasco y catalán. Escamotea el derecho a decidir de la totalidad de ciudadanos sobre asuntos que les conciernen e interesan directamente; conculca con desvergüenza el derecho de propiedad sobre territorios comunes, de libre circulación, comercio y residencia, de uso de una lengua e igualdad ante la ley. ¿Qué derecho a decidir tienen, por ejemplo, para un separatista catalán el resto de los españoles, los catalanes que se sienten españoles o los leridanos que no se sienten catalanes? Ninguno, porque el derecho a decidir que maneja es bien relativo e interesado, y, por tanto, espurio. Y en la medida que un Estado lo es de Derecho, cualquier fragmentación del mismo constituye, por definición, una violación de derechos fundamentales: los Estados de Derecho sólo son ampliables, jamás reducibles sin desvirtuar la esencia del imperio de la ley.

En definitiva, todo poder político pisotea por definición el derecho a decidir del individuo a costa de inventarse sujetos políticos ad hoc que lo esclavizan: el pueblo, la nación, la raza, la clase… Sólo el imperio de la Ley, la ley que prohíbe el inicio de toda agresión, puede garantizar la libertad y con ella el único derecho a decidir real: el de una persona con respecto a sí misma y a su propia vida con independencia de territorios y colectivos.


No hay comentarios:

Publicar un comentario