jueves, 21 de marzo de 2013

LA FALACIA DE QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SON UN NEGOCIO

Es muy común la idea de que un servicio público, por ejemplo, la sanidad, ha de ser prestado por sí mismo sin que deba reportar ningún beneficio a nadie. Resulta digno de estudio cómo una afirmación tan evidentemente estúpida es aceptada por la inmensa mayoría sin la más leve sospecha de que algo no encaja.

Para empezar, rediós, algún beneficio para los enfermos deberá suponer la atención sanitaria. Y es que la maldita mentalidad socialdemócrata, enraizada en una idiosincrasia atávica, conduce a semejantes sarcasmos e incongruencias en su inveterada condena del beneficio como origen de todo mal. Pero no conviene confundir la codicia egoísta, tan deletérea para las sociedades tribales donde evolucionamos,  con el mero beneficio. Beneficio es simplemente la motivación que necesitamos para actuar. Actuar para nada es tontería. Sin beneficio no hay acción lógica, pues está conllevaría una irremediable pérdida energética. No tiene sentido obrar para estar peor que antes, por tanto, cualquier actividad humana ha de ser un negocio o no se realizará.

Algo vamos avanzando: los servicios públicos, al menos, han de suponer un beneficio para sus destinatarios. ¿Pero no para quienes los suministran? Me temo que también, pues lo contrario sería propugnar la esclavitud de unas personas para satisfacer a otras. Por ejemplo, el personal sanitario y administrativo de un hospital público tiene derecho a percibir una remuneración a cambio de su trabajo -sí, son reflexiones de Perogrullo, pero veamos cómo tanta perogrullada nos conduce a interesantes conclusiones-. Y quienes aportan el capital necesario, es decir, las infraestructuras y bienes de equipo, ¿acaso no tienen derecho también a un beneficio que les compense el ahorro previo y los usos alternativos que podrían dar a ese dinero?

Una empresa que no genera beneficios contables (que no paga al capitalista) no puede financiarse y, por tanto, no puede existir. Da igual que sea pública o privada, toda empresa precisa costear su financiación. Eso de que las empresas privadas persiguen beneficios que, ceteris paribus, las convierten en más onerosas que las públicas sin ánimo de lucro es una inmensa estupidez, cuando no una malintencionada insidia, porque, para empezar, como se ha analizado, las empresas sin ánimo de lucro son una fantasía inexistente que supondrían desplegar una enorme actividad para acabar peor que al principio. Creo que la lamentable confusión de conceptos viene de que cuando es uno mismo el capitalista que se autofinancia o el autárquico adicto al “hágaselo usted mismo”  alienta la ilusión de no estar pagando abusivos intereses o ahorrándose un dinero al prescindir de intermediarios; craso error: si la tasa de interés es la del mercado, probablemente saldría más a cuenta pagarla que desprenderse de un dinero que podría ser mejor invertido (y qué duda cabe que el dinero en manos de la gente es más rentable que en manos de un burócrata planificador) en empresas más provechosas y que ha costado un esfuerzo y sacrificio ahorrar equivalente a esa tasa de interés no pagada. También debería estar claro que evitar intermediarios, es decir, especialistas en una tarea dada con beneficios limitados por el mercado y tendentes a disminuir, no sólo no es ahorrar, sino malgastar lamentablemente recursos, tiempo y esfuerzo que podrían ser dedicados a actividades más productivas según la ricardiana ley de ventaja comparativa. De manera que para el contribuyente los denostados beneficios empresariales resultarán siempre mucho más asequibles que tener que sufragar los costes financieros, la financiación misma o las ineficacias inherentes a las empresas públicas.

En definitiva, las empresas públicas, como las privadas, o son un negocio para alguien o no son. Otra cosa es que, en el caso de las públicas, sean el negocio coactivo de políticos y burócratas a costa del interés del contribuyente, que podría obtener mejores servicios y más baratos en un sistema de gestión privada, aunque la financiación continuara siendo pública; las privadas, al no poder explotar clientelas cautivas, no originan juegos de suma cero, carecen de la facultad de procurar beneficios a unos pocos perjudicando a la mayoría, pues necesariamente han de crear las mejores aditividades positivas para subsistir o serán barridas del mercado. Pero lo más triste de esta burda y necia excusa esgrimida por los privilegiados parásitos que el atraco público genera –eso de que los servicios públicos no deben ser un negocio- es que trata de justificar la clamorosa ineficiencia y el despilfarro crónico de la gestión pública, para que no se adopte ni una sola medida de racionalización económica que afecte a sus canonjías y prebendas. Nos dicen que los servicios públicos son tan vitales que es necesario prestarlos incluso asumiendo pérdidas (o sea, renunciando a mejores usos alternativos, o siquiera alguno, de unos recursos escasos, lo cual es una sorprendente contradicción en los términos: ¿gasto imprescindible que podría dedicarse a mejores causas?) no sólo por parte de los más ricos y sanos, o simplemente más responsables, lo cual tendría alguna justificación dada la imperante mentalidad redistribuidora, sino también las vinculadas a la gestión pública, cuando es evidente que la privada resulta muchísimo más eficiente al verse sometida a las presiones del mercado para mejorar continuamente la relación calidad-precio y carece de las costosas e incapacitantes servidumbres del privilegiado empleo público.

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