lunes, 25 de marzo de 2013

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS PRIVILEGIOS


Circula por ahí un cínico “Manifiesto en defensa de la sanidad pública”, compendio de engaños y demagogia,  que no resiste el menor análisis serio. Véase (párrafos en rojo) con la correspondiente respuesta lógica.

La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, pues supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos.

Una cosa es la financiación pública de la sanidad, que por sí sola garantiza el efecto redistribuidor, esa solidaridad y equidad aludidas, y otra bien distinta la gestión monopolística de la misma a través de empresas ineficientes y dilapidadoras en manos de funcionarios que no deben rendir cuentas ni someterse a los controles objetivos de calidad-precio del mercado. Estos embaucadores confunden torticeramente sanidad pública con una sanidad carísima, lastrada por sus privilegios e incentivos perversos, y exenta de tener que competir en el mercado ofreciendo la mejor calidad a menor coste. La mayor eficiencia y ahorro de la gestión privada sobre la pública es un hecho indiscutible que nadie desconoce, pero aquí se trata sólo de defender con desvergonzado cinismo privilegios e intereses particulares mediante la demagogia y las argucias más miserables mezclando un tema que no guarda ninguna relación, el de la redistribución de la riqueza, fin que podría alcanzarse igualmente con la financiación pública -a través de cheques, por ejemplo- del gasto sanitario, pudiendo elegir cada persona el seguro de sanidad privado que más le satisficiera.

En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.

Lo que hay es una crisis económica monumental que ha destapado un gasto público insostenible. Se trata simplemente de evitar el despilfarro.

Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos afecta a todos los países en mayor o menor medida. En España se observan intentos por avanzar en la privatización de un sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo.

Esta tendencia internacional hacia el ahorro y la racionalización de la gestión es inevitable porque algo habrá que moderar la fiesta y la tontería. Eso sí, el turismo sanitario que genera la acendrada improvisación española tirando el dinero del contribuyente goza de gran aprecio internacional.

Sin embargo, la privatización no se realiza de la misma manera en todas las CCAA, porque depende, en gran medida, tanto de la voluntad política de los gobiernos autonómicos como de la capacidad de los ciudadanos y de las fuerzas sociales para evitarlo. Son las CCAA gobernadas por el PP donde se han producido ataques más serios contra la Sanidad Pública , como sucede en Madrid o Valencia, por citar solo las más significativas.

La capacidad de los ciudadanos para desparasitarse varía bastante, sí.

En esta campaña privatizadora juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público, cuando son los neoconservadores y neoliberales los principales responsables de esta situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, que con la disculpa de innovar, lo que en realidad buscan es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad de la atención sanitaria.

Las ineficiencias y problemas endémicos del sistema público algo tendrán que ver con contrastables datos objetivos como son los perpetuos privilegios de los funcionarios y los  sueldos y condiciones laborales desligados del mercado y de la productividad. Pero estos sinvergüenzas pretenden que la mala calidad de la atención sanitaria se debe a que ahora se ahorra –algo imperativo por la crisis- demasiado, como si mejorando la eficiencia, cosa que ellos impiden, no se pudiera ahorrar manteniendo o incluso mejorando la calidad. Ahorrar nunca puede causar ineficiencia, sino que es la imposición de una ineficiencia previa por parte de sindicatos y trabajadores lo que obliga a que sólo se pueda ahorrar disminuyendo la calidad del servicio. Con el cinismo del extorsionador, culpan a la tacañería de la víctima de los males que se verán “obligados” a infligirle.

Además, la introducción de formulas de gestión empresarial facilita la privatización de los centros, manteniendo la financiación con dinero público y olvidando que estas nuevas formas de gestión son modelos ya ensayados en el Reino Unido, donde han conseguido encarecer la construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional. El funcionamiento de los mismos, con dos empresas distintas coexistiendo en el mismo centro, y el aumento de los gastos administrativos que supone el incremento de la burocracia, ha demostrado deficiencias importantes en cuanto al cuidado de la salud de los pacientes y un encarecimiento de los costes y problemas con la gestión, tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud.

Presentan aquí supuestos datos que demostrarían que un imaginario modelo que nada tiene que ver con una privatización bien entendida (¿aumento de gastos administrativos e incrementos de burocracia?) parece no funcionar, cuando lo que tendrían que explicar con argumentos lógicos es por qué  empresas sometidas al mercado resultarían más ineficientes que otras basadas en costes arbitrarios y el secuestro de la clientela. Pero esto nunca lo harán porque, sencillamente, no pueden.

Los grandes perdedores de estos cambios que se avecinan serán los ciudadanos, porque la calidad de los servicios sanitarios empeorará, y porque los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores. Los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y, a la postre, una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitario. Recordemos el ejemplo de EEUU, donde 47 millones de personas no tienen derecho a ninguna atención sanitaria a pesar de ser el país del mundo que tiene un mayor gasto sanitario.

Afirmaciones  no sólo gratuitas y contra toda lógica, sino miserablemente demagógicas y mentirosas. Y es que cuando se trata de defender meros privilegios muchos pierden cualquier escrúpulo moral.

La falta de interés político por la Sanidad Pública se concreta en la masificación y en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, para las consultas de los especialistas, las pruebas diagnósticas y, mas recientemente, para los médicos generales y pediatras. Todo ello desde una política de premeditado descrédito de la Sanidad Pública , pues está claro que este es el primer paso para conseguir un apoyo ciudadano a su privatización.

Nueva insistencia en el “argumento” del extorsionador: “como no pagas el chantaje, mira lo que pasa”.

Y se trata solo de los primeros pasos, puesto que hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficiencia.

Nueva confusión insidiosa entre una financiación pública, que, desgraciadamente, no se ha puesto en cuestión, y una pésima gestión pública, que es lo que se trataría de evitar.

Todavía estamos a tiempo de salvar un Sistema Sanitario que esta valorado entre los mejores del mundo, por la calidad de sus servicios y sobre todo por su carácter universal, gratuito y solidario. Por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y profesionales de la salud a movilizarnos en su defensa. No podemos permitir que la Sanidad Pública se convierta en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos.

Ya lo es, canallas. Es vuestro abusivo negocio particular que pretendéis salvaguardar con la mayor indecencia

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